Hay personas que si van circulando por la carretera y ven muchos vehículos que se cruzan con el suyo en sentido inverso, que hacen ráfagas con las luces, y simultáneamente tocan el claxon, piensan que se han vuelto locos, sin darse cuenta que son ellos los que van en sentido contrario en una autopista, y los demás conductores los que intentan alertarle. Esto es lo que parece que le está pasado a ICV-EUiA en Montcada i Reixac con muchos temas de ciudad y en particular con el tema de la cementera.¿Puede alguien con un mínimo de responsabilidad política proponer lo contrario de lo que sugiere el sentido común? ¿Puede alguien solicitar el cierre de una actividad empresarial por capricho político, despreocupándose de los trabajadores y trabajadores? ¿Puede alguien pretender saltarse a la torera, las leyes, las reglamentaciones, los derechos de las personas físicas o jurídicas a seguir trabajando, por oportunidad política y electoral?
Yo no soy quién para responder lo que es evidente, pero en política la responsabilidad ha de ser la primera virtud de la oportunidad.
La responsabilidad institucional y política no se manifiesta sólo en los actos protocolarios, o en la liturgia parlamentaria, sinó cuando hay que posicionarse con sensatez, sentido común y acierto.
Cuando los de ICV-EUiA piden que se cierre la fábrica y que se traslade Lafarge Cementos fuera del municipio, parece traerles sin cuidado las licencias preceptivas que tienen, o las repercusiones que sobre el mercado de trabajo llegará a tener una decisión así. Que se pierdan puestos de trabajo, parece importarles bien poco; que las empresas auxiliares empiecen a aplicar reducciones de plantilla por la falta de actividad económica, parece importarles bien poco; que la actividad económica y laboral se resienta, parece importarles bien poco.
La propuesta del grupo de ICV-EUiA es tan ilusoria, como imposible de llevar a la práctica. Es irreal por la envergadura de la propuesta que hace imposible ser sufragada en condiciones normales mediante una operación urbanística. Es irreal por la falta de potencial económico de los actuales terrenos de Lafarge, de cara a la transformación que se plantea: proponen el traslado de la fabrica a unos suelos idóneos que permitan generar los recursos suficientes, para adquirir el solar de destino de la actividad, el desmantelamiento de la planta, la construcción de una planta nueva y, además, generar las plusvalías de retorno a la ciudadanía. La única transformación que pudiese llegar a generar un rendimiento económico significativo sería pasar los usos industriales (163.190 m2) a residenciales (imposible en la actual crisis económica). No obstante, la actual situación de la fábrica y la inexistente comunicación con el suelo urbano, así como su proximidad al Turò (incluido en el PEIN Collserola) desaconseja implanta un suelo residencial, siendo lo lógico que fuese un espacio libre y de carácter público. Esto seria lo único que tendría cabida en el caso hipotético del traslado. También se plantea la constitución de un consorcio urbanístico. Para ello se ha de contar con la voluntad de todas las partes que participen, sin imposiciones. Del todo imposible, sobre todo si recordamos que la empresa ha manifestado, por activa y por pasiva, su negativa al traslado. Por otro lado, ¿Incasol estaría dispuesta a proponer unos terrenos alternativos?, ¿Seria legal la cesión de unos terrenos de su propiedad, es decir públicos para uso privado? Si es sí, ¿cómo se justificaría? Además en todo esto, ¿dónde aparece la participación de los trabajadores en toda esta propuesta?
