El pasado 14 de enero celebramos en Montcada i Reixac un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: Cementos Lafarge. El Pleno, que generó una gran expectación entre defensores y detractores de Lafarge, concluyó con un posicionamiento unitario entre todos los grupos municipales. Se acordó solicitar a la Generalitat de Catalunya que suspenda el otorgamiento de la autorización ambiental definitiva en la utilización de biomasa como combustible en el horno de la cementera ubicado en nuestro municipio hasta que se tengan datos suficientes, y sólidas garantías, de que la actividad de la cementera no representa un riesgo para la salud de vecinos y trabajadores.Como Alcalde, estoy muy satisfecho del posicionamiento común de todos los grupos municipales, de todos los regidores y regidoras, en un tema tan importante para la ciudad como es éste. Mi objetivo, como he indicado en muchas ocasiones, es preservar y conversar la salud de todos y todas, de vecinos y trabajadores, a la vez que proteger los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. A partir de aquí me gustaría hacer un par de reflexiones sobre este asunto.
Como hemos podido comprobar, de un tiempo a esta parte, cualquier analista local ha podido observar que hay voluntades interesadas en volver a convertir el asunto de la cementara Lafarge en un tema de ciudad. Los temas de ciudad son aquellos que generan defensores y detractores. Respirar oxigeno o comer cada día nunca será un tema de ciudad, porque no tiene opositores. Los temas de ciudad son, sobre todo, asuntos que toman o recobran popularidad entre la ciudadanía con opiniones enfrentadas. Vaya por delante que la convivencia de una cementera con un núcleo de población cercana, como es el barrio de Can Sant Joan, nunca ha sido fácil ni pacífica, ni ahora ni en el pasado, y menos lo será en el futuro. No sólo por el impacto físico que representa una fábrica mastodóntica como ésta, sino porque las emisiones que provoca siempre estarán en tela de juicio, bajo sospecha continua. En los tiempos que vivimos nadie quiere tener a su lado actividades que le perjudiquen. Es lo que se conoce como el fenómeno NIMBY, siglas inglesas que significan Not In My Back Yard (no en mi patio trasero). Consiste en el movimiento de oposición que generan determinados ciudadanos, organizados en plataformas, para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de ciertas actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, o debido a sus externalidades negativas.
Las centrales o cementerios nucleares, más las antenas de telefonía móvil, las instalaciones de narcosalas, o las incineradoras son ejemplos que provocan estas reacciones entre determinados vecinos. Yo creo que, por poner un ejemplo, los ciudadanos de Vandellós, lo que deben exigir son estrictos controles de seguridad de la central nuclear que tienen en el municipio, o los vecinos que viven al final de la avenida Meridiana de Barcelona no pueden pretender que se cierre la C-58 o la C-33 porque pasen muchos vehículos cerca de sus balcones, lo que si deben hacer es exigir una convivencia pacífica, con el derecho a la movilidad, al descanso y al desarrollo sostenible.
Con las cementeras sucede algo parecido, sus defensores hablan que la sociedad no puede dar la espalda a la necesidad de cemento que tienen nuestra economía, ni negar que las emisiones y los controles ambientales son estrictos, además de que hay muchos puestos de trabajo en juego y muchas empresas auxiliares vinculadas directamente. Los detractores afirman que las muertes por exposición a sus emisiones, o las enfermedades crónicas que provocan las cementeras deterioran la calidad de vida de los vecinos y son una amenaza, y que por el vil lucro de la empresa se pone en juego la salud de las personas que viven cerca o trabajan en ella.
En política, debemos contemplar la máxima objetividad a la hora de valorar lo más conveniente para la ciudadanía. Esto no es el juego de la oca, como muchos parecen entender. El objetivo número uno de la política local es la calidad de vida de los ciudadanos. El acceso a la educación, a la salud, o al trabajo, entre otros. Si alguno de éstos se resiente, debemos poner remedio. Ese es mi objetivo.
