La actividad política no puede ser una profesión y las compensaciones económicas de los cargos públicos nunca deberían estar por encima de la media de lo que, en tareas privadas, podría obtenerse de semejante dedicación y perfil profesional.
Evidentemente, todo el mundo tiene el derecho a dedicarse a la política, pero deberíamos exigir una cierta experiencia, un cierto entrenamiento. Es decir, debe ser gente con algo de mundo, aunque sea poco, no que acabe de salir del nido. No puede ser que opten a representar a la ciudadanía personas que nunca han trabajado o, habiéndolo hecho, sólo han estado en su organización política, en muchos casos ni eso, y con una entrada digital. Es decir, a dedo. Con más frecuencia de lo saludable, vemos cómo muchos militantes entran en las nóminas de los partidos desde bien jóvenes y, a partir de ahí, van trepando en el peor sentido de la palabra. Sin necesidad de estudiar demasiado, de formarse, de aprender idiomas, ni saber recitar dos líneas sin una chuleta delante, están ahí. En estas circunstancias, cuando la política se transforma en una “profesión”, y además fácil, ejercida a través de los partidos, es muy duro marcharse, porque, muchos de la han vivido así, en el mercado laboral no tienen ni oficio ni beneficio. Cualquiera que está en esa situación hace lo que sea por permanecer en el aparato.
Para evitar esta perversión sería positivo introducir factores en las elaboraciones de las listas por los cuales el candidato elegido lo fuese por sí mismo, por su implicación en el territorio, no porque es amigo del secretario de organización de turno. Es el viejo debate entre listas abiertas y cerradas que cada vez se hace más urgente resolver en nuestro país. Ligado a esto, como hemos indicado antes, está la limitación de los mandatos. Por poner un ejemplo cercano, es curioso observar cómo todos los ciudadanos, y políticos de un signo u otro, han criticado el intento de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder liquidando el límite del tiempo en su mandato presidencial; pero nadie sugiere, ni por asomo, que también en España se imponga un límite a los mandatos.
También, dentro de las listas abiertas, se puede y debería contemplarse la participación de la ciudadanía en elecciones primarias para configurar esas listas. Porque las organizaciones políticas no pueden ser oficinas de colocación, ni el lugar donde encontrar tratos de favor. También debe existir una estricta normar que evite compatibilizar cargos públicos. Creemos que no puede ser que un alcalde o un concejal sea, al mismo tiempo, parlamentario. Por otro lado todas las contrataciones de personal tienen que seguir la misma normativa y se tienen que limitar los cargos de confianza, comisionados y asesores. El actual sistema no puede ser la puerta falsa para proliferar cargos y enmascarar la incompetencia de muchos. Además, también se tendría que revisar y cambiar el papel tan presidencialista de la organización municipal.
Transparencia y democracia interna son las únicas medicinas para hacer que los partidos sean instrumentos nobles de nuestra democracia. Será así cuando, quizá, la dedicación a la política, de forma temporal y transparente, pueda llegar a ser atractiva para aquellos que no son “políticos” tal y como lo entiende nuestra sociedad actualmente.
Nuestro sistema necesita revisarse para mejorar y atraer a gente de fuera de los partidos para revitalizar el juego democrático, si no es así, la partitocracia se erigirá coma la verdadera triunfadora del juego democrático, no de la democracia.
Hay dos maneras de llegar al desastre:
una, pedir lo imposible;
otra, retrasar lo inevitable.
Francisco Cambó (1876-1947), político español.
César Arrizabalaga y Carlos Guijarro
